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Hostelería y comercio valoran positivamente la reforma del Código Penal recién aprobada que deja de tratar los hurtos como delitos leves y considera como agravantes la rotura de alarmas o la actuación de grupos no organizados. Las organizaciones empresariales celebran que estas medidas mejorarán la seguridad de los trabajadores. 

Los colectivos de comercio, fabricación y hostelería han analizado el impacto de la reforma del Código Penal en los hurtos comerciales. El sector valora positivamente la eliminación del concepto de falta para tratar los hurtos como delitos leves y que la multi reincidencia, la rotura de los dispositivos de alarma y seguridad y la autoría de grupo criminal no organizado se consideren agravantes en este tipo de prácticas.

Este nuevo escenario permitirá combatir mejor un problema "de importante dimensión económica y social" contra el que luchan desde hace años –según la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc, los hurtos comericales ocasionan pérdias anuales de 1.600 millones de euros–y en el que legalmente se habían sentido "desprotegidos". 

En este sentido, el catedrático de derecho procesal y asesor de Aecoc en materia jurídica ha manifestado que “nuestro objetivo principal no es que los delincuentes entren en la cárcel es que no entren en las tiendas”. Una visión que han tratado de difundir en los últimos años, basada en el criterio de no proponer la agravación de penas, sino que "todas las propuestas estuvieran presididas por el principio de proporcionalidad".

El criminal habitual: el mercado negro

El comercio y la hostelería han puesto de manifiesto  que "la realidad demuestra que el autor habitual de este tipo de prácticas es un profesional o un miembro de un grupo criminal que luego deriva los artículos hurtados al mercado negro".

En este sentido, las organizaciones han advertido también que adquirir productos en estos canales, especialmente si se trata de artículos de alimentación, conlleva riesgos importantes. "No hay que olvidar que una vez que los alimentos salen de los puntos de venta no se puede saber cómo han sido transportados, conservados... y que, por tanto, no se mantienen las medidas de seguridad alimentaria que aplican las empresas de la industria y la distribución, con el consiguiente riesgo para la salud que esto puede llegar a ocasionar", señalan.

Freno a la competitividad

Las organizaciones han destacado también que a los más de 1.600 millones de euros que anualmente se pierden a causa de los hurtos hay que sumar las inversiones para protegerse , la dedicación de recursos humanos a gestionarlos, etc... "Se trata de un problema que resta competitividad a las empresas y reduce, por tanto, su capacidad de crecer y crear empleo".

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