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El Gremi d’Hotels de Barcelona, GHB, y la Confederació Empresarial d’Hosteleria y Restauració de Cataluña, ConfeCat, valoran de manera "muy positiva" la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala la orden de la Generalitat de Cataluña de prohibir a la plataforma de alojamiento turístico HomeAway anunciar pisos sin licencia.

El Gobierno catalán obligaba HomeAway a bloquear o suprimir, de manera definitiva, todos los apartamentos publicados en su web no inscritos en el registro de Turismo de Cataluña. El Tribunal Supremo ha confirmado así una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya había resuelto a favor de la Generalitat.

El Gremi d’Hotels de Barcelona destaca que Barcelona se ha convertido en la primera ciudad europea donde se obliga a las plataformas impedir anunciar en sus portales apartamentos turísticos que no dispongan de su número de registro correspondiente.
 
Para las entidades representantes de los hoteles, la sentencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto que "la hoja de ruta trazada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para acabar con los alojamientos ilegales es el correcto". En este sentido, piden a las administraciones que sigan trabajando en esta línea, que debe permitir "poner fin, por la vía judicial, a los abusos y la impunidad de esta bolsa de economía sumergida, que representa una competencia desleal para los alojamientos regulados".

Más de 10.000 pisos ilegales

Desde hace más de cuatro años, el GHB rastrea las webs de diferentes plataformas de alojamientos turísticos y pasa a la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona los listados de los pisos ilegales. El colectivo calcula que son más de  10.000 pisos ilegales en Barcelona.

"Estas actividades ilegales evidencian un agravio para la sociedad, porque los propietarios de estos pisos no pagan impuestos, no cumplen las normativas de calidad, de higiene, seguridad anti incendios y registro policial de las personas que se alojan", denuncia el director del Gremi  Manel Casals, quien también destaca que "estas prácticas fraudulentas transmiten una deplorable imagen a los turistas que visitan Barcelona, al tiempo que expulsan muchos vecinos de los barrios de su ciudad."

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