En el marco del Día Internacional contra el Desperdicio Alimentario que tiene lugar el 29 de septiembre, el debate europeo y nacional sobre cómo frenar esta problemática cobra un nuevo impulso. La reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo de la reforma de la Directiva 2008/98/CE sobre residuos introduce objetivos más estrictos de prevención y reducción del desperdicio alimentario y textil, sectores que concentran gran parte del consumo de recursos naturales y, por tanto, generan importantes impactos medioambientales.
En paralelo, España ya aplica desde abril la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que obliga al retail y a la hostelería a implantar planes de prevención, protocolos de donación y medidas de valorización de excedentes.
Una reforma europea con impacto en toda la cadena de valor
La modificación de la Directiva 2008/98/CE busca acelerar la transición hacia una economía circular en los Estados miembros. La normativa establece metas más ambiciosas para reducir el desperdicio alimentario, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 12 sobre Producción y Consumo Responsables. Además, refuerza la necesidad de implantar sistemas de monitorización para medir con mayor precisión las pérdidas alimentarias en el sector primario y el desperdicio alimentario en toda la cadena de suministro.
Desde Phenix destacan que uno de los pilares de la reforma es la redistribución prioritaria de los alimentos. La norma deja claro que aquellos productos que sigan siendo aptos para consumo humano deben destinarse en primer lugar a la donación, antes de considerar otros usos como la alimentación animal o la valorización energética. De este modo, la Unión Europea sitúa la donación como la vía preferente de aprovechamiento de excedentes. Por último, la directiva reconoce el papel de la innovación y la tecnología digital como aliados indispensables para alcanzar estos objetivos, promoviendo herramientas que mejoren la trazabilidad y la gestión en tiempo real.
España: una ley nacional ya en vigor
En España, la Ley 1/2025, en vigor desde abril de 2025, ha supuesto un cambio estructural en el sector de la distribución. La norma obliga a elaborar planes de prevención que incluyan protocolos de gestión del stock excedente y medidas concretas para minimizar los excedentes desde el origen.
La normativa exige igualmente reportar datos de seguimiento para evaluar los avances y ajustar las políticas públicas en función de los resultados. Este escenario abre una oportunidad para mejorar la eficiencia y fortalecer la reputación corporativa en un momento en el que los consumidores valoran cada vez más las iniciativas contra el desperdicio.
Como empresa certificada B-Corp y líder en la gestión del excedente, Phenix interpreta estas normativas como una oportunidad de transformación estructural todos los agentes de la cadena alimentaria, desde productores a consumidores.
“El nuevo marco normativo europeo y la ley española marcan un antes y un después en la gestión del desperdicio. Ya no se trata solo de cumplir con una obligación legal, sino de aprovechar una oportunidad para innovar, ser más eficientes y generar un triple impacto positivo: económico, social y medioambiental”, explica Pauline Bertin, Chief Sales Officer de Phenix a nivel global.
