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El reciente cambio de postura del Gobierno de España respecto al retraso en la puesta en marcha del sistema Verifactu resulta difícil de justificar. Tras meses defendiendo su importancia para mejorar la transparencia y la gestión administrativa, ahora el Ejecutivo adopta una actitud evasiva que genera dudas innecesarias. La falta de explicaciones claras alimenta la sensación de improvisación y resta credibilidad a un proyecto que, precisamente, nació para fortalecer la confianza pública.
Al mismo tiempo, entendemos la preocupación de pymes y autónomos, que han afrontado semanas de incertidumbre ante la escasa información oficial y la inversión que estaban obligados a planificar para adaptarse al sistema. Su inquietud es legítima y merece una respuesta clara y responsable, no un giro inesperado que incrementa la confusión en un escenario ya complejo.
Por último, no puede ignorarse el esfuerzo económico, técnico y logístico al que nos hemos visto obligadas las empresas tecnológicas desarrolladoras de software, como Sighore by Loomis Pay – Loomis Pay. Hemos invertido tiempo, recursos y planificación para cumplir con los plazos anunciados, solo para encontrarnos ahora con un aplazamiento que cuestiona la seriedad del propio proceso. Un cambio de rumbo así requiere no solo explicaciones, sino también consideración hacia todos los actores implicados.
