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La inminente entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu (nueva Ley Antifraude) planea un serio problema para el sector de la hostelería por los elevados costes que han de soportar los negocios para su digitalización total. A esto se suma las elevadas sanciones por el incumplimiento de la ley. 

La adaptación a la Ley Antifraude requiere una inversión significativa en dispositivos y software especializados, de hasta 1.500 o 2.000 euros por negocio, según los cálculos de La Casa del TPV. Teniendo en cuenta que en España existen más de 275.000 establecimientos de hostelería y alrededor de 100.000 comercios minoristas, en total supondrían cerca de 750 millones de euros de costes para el sector.

"A pesar de los esfuerzos por cumplir con la normativa, muchos negocios aún no han actualizado sus sistemas debido a los elevados costos, las dificultades de la digitalización y la escasez de ayudas públicas", denuncia el director de La Casa del TPV, Fernando Pérez, que recuerda que quienes no cumplan con el sistema de facturación Verifactu, se enfrentan a sanciones de entre 1.000 y 150.000 euros.

Según las estimaciones de la empresa especialziada en soluciones tecnológicas, de entre los establecimientos que todavía tienen pendiente adaptarse al sistema Verifactu, la mayoría pequeños y medianos, un 40% debe realizar una implantación completa de sistemas de hardware y software, ya que hasta ahora han estado funcionando con sistemas que van a quedar obsoletos, o incluso algunos siguen tirando de la clásica caja registradora. "Otro 60% necesita, al menos, una actualización del software de facturación para cumplir con la nueva normativa", detallan.

Verifactu: una ley pensada para ganar en transparencia, pero difícil de asumir

La Ley Antifraude, que entrará en vigor el próximo 31 de julio, establece que los sistemas de facturación deben establecer dispositivos homologados, conectados en tiempo real con la Agencia Tributaria, a la que deben comunicarse todos los registros de facturación. 

En opinión de la Casa del TPV, la nueva ley, tal y como está planteada, "no va a conseguir el objetivo de dotar de más transparencia y trazabilidad a las operaciones del sector Horeca con la Agencia Tributaria, como se pretende, sino que, al contrario, puede incentivar un uso de pagos opacos. Por ello, es imperativo que las autoridades competentes reconozcan la situación y proporcionen el apoyo necesario a los sectores de hostelería y comercio", reclaman.

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