SOS Hostelería, organización que representa a autónomos y empresarios de la hostelería en España y miembro de CONPYMES, ha expresado su preocupación ante la recomendación de la Unión Europea de elevar el IVA aplicado a la hostelería, actualmente situado en el 10%.
Según los datos aportados por la entidad, la hostelería española recauda y abona cada año más de 5.000 millones de euros en concepto de IVA, excluyendo la actividad hotelera. Esta cifra equivale a una aportación media cercana a los 35.000 euros por establecimiento y representa aproximadamente el 8% de la recaudación total de IVA en España.
El presidente de SOS Hostelería, Rafael Asensio, considera que estas magnitudes reflejan el peso económico y fiscal del sector. En este sentido, señala que una eventual modificación del tipo impositivo debería analizarse teniendo en cuenta la contribución actual de la hostelería a las arcas públicas.
La organización estima que un incremento del IVA del 10% al 21% tendría un impacto económico de aproximadamente 6.300 millones de euros anuales. Según sus cálculos, este aumento acabaría repercutiendo en los precios finales al consumidor, con posibles efectos sobre la demanda y la rentabilidad de los establecimientos.
SOS Hostelería también vincula esta medida a las dificultades que afrontan numerosos negocios del sector. Como ejemplo, la entidad señala que en la Comunidad Valenciana han cerrado alrededor de 3.500 bares durante la última década, una evolución que, según la organización, tiene consecuencias tanto en el empleo como en la actividad económica de pequeños municipios.
Por otra parte, la asociación reclama una mayor defensa de los intereses de las pequeñas empresas en los debates fiscales europeos. Rafael Asensio recuerda que en 2026 los establecimientos también han tenido que asumir el incremento derivado de la nueva tasa de residuos y considera necesario evaluar el impacto acumulado de las cargas fiscales sobre la viabilidad de los negocios.
Desde SOS Hostelería insisten en que cualquier modificación tributaria debería valorar no solo los efectos recaudatorios, sino también sus posibles repercusiones sobre el consumo, el empleo y la sostenibilidad económica de uno de los sectores con mayor presencia territorial en España.
