La Alianza de Comercio y Hostelería de España, que aglutina a las asociaciones Acotex, ADFB, Amicca, Anceco, CEC, Comertia, Eurelia, FECE y Marcas de Restauración, urgen un acuerdo de sector en el que estén implicados los comerciantes/arrendatarios y los propietarios/arrendadores, junto con el Gobierno Central y el resto de las Administraciones Públicas, para “repartir-equilibrar” las consecuencias del "incremento desbocado del IPC" en la viabilidad del sector
Los colectivos arguyen que el incremento de los gastos provoca que muchos comercios obtengan márgenes negativos y “si no se encuentra rápidamente una solución, veremos un cierre masivo de comercios, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, disminución de recaudaciones fiscales y caída del PIB, además de dejar a los ciudadanos sin los servicios ofrecidos por el comercio en los pueblos y ciudades de nuestro país”, advierten.
Su solución consiste en que los arrendatarios aplique en un incremento máximo de 2% en los alquileres de aplicación inmediata y durante 2023, así como en las condiciones para las prórrogas de contratos existentes o de nuevos contratos. De la misma manera, solicitan incentivos fiscales para los arrendadores (en la dirección de deducciones fiscales) sobre la diferencia entre el porcentaje aplicado y el “teórico” que se hubiera imputado con el IPC que le correspondiera.
Además, la Alianza insta de nuevo al Gobierno a elaborar una ley de arrendamientos urbanos específica para regular el sector inmobiliario comercial, que incorpore la cláusula rebus sic stantibus y que prevea un modelo de cálculo para la actualización de las rentas basado en un indicador distinto del IPC, "como se está ya aplicando en otros países europeos".
