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Las patronales Adisbask y Adisalava, que representan a los distribuidores a hsotelería y restauración del País Vasco denuncian que no se hayan reconocido por ERTEs por fuerza mayor presentados en la comunidad, lo que supondrá "el cierre de 200 empresas y la pérdida de más de 3.500 empleos directos", advierten. 

El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Trabajo y Justicia, "interpreta el RD de Estado de Alarma como que las empresas de distribución a Horeca, que pierden el 95% de su actividad por el cierre de la hostelería, no tienen causa de fuerza mayor para la presentación de los ERTE", informa el presidente de Adisbask, Josean Sancho. El representante del sector de la distribución a hostelería y restauración advierte que esta decisición, "puede suponer el cierre de más de 200 empresas de distribución y la pérdida de más 3.500 puestos de trabajo directos”.

La patronal vasca recuerda que el efecto del cierre de los establecimientos de hostelería, a causa del COVID-19, sobre la actividad de las empresas de distribucióna horeca es directo y supone una paralización prácticamente total de su actividad. “Es un sector sin clientes: la totalidad de sus clientes de hostelería están cerrados, y solo han realizado unos servicios mínimos, aquellos distribuidores que suministran centros hospitalarios, gasolineras y las pequeñas tiendas de alimentación que permanecen abiertas”, señala el presidente de Adisbask.

Además, afirma Josean Sancho, “sorprende el agravio comparativo que supone en estos graves momentos para las empresas de distribución a horeca en Euskadi, el hecho de que es la única comunidad autónoma que ha emitido resoluciones no aceptando la fuerza mayor en la petición de ERTE para el sector”. 

Adisbask y Adisalava aseguran que “hay ya muchas resoluciones aceptando la causa de fuerza mayor en los ERTE de empresas del sector en Cataluña, Galicia, Castilla León, Castilla la Mancha y Andalucía y que incluso, debido a la gran acumulación de peticiones de ERTE, en muchos casos está pasando el plazo de 5 días sin contestación, lo que supone su admisión por silencio administrativo”.

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