La presentación del Recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, forma parte de las distintas acciones legales puestas en marcha desde el sector alimentario y de la restauración, que conjuntamente contribuyen en más del 15% del PIB nacional y más del 22% del empleo total del país, lo que supone unos 4,3 millones de empleos.
Desde las asociaciones del sector agrario (ASAJA, COAG, UPA), Cooperativa Agroalimentarias, AECOC, de la industria (FIAB y PROMARCA), de los sectores de la distribución (ANGED, ASEDAS, ACES), y de la restauración (Marcas de Restauración) consideran que la norma vulnera principios como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio español, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, y la libertad de circulación de mercancías, entre otros.
Cargas deproporcionadas para la industria
Además, el IBAE, contra el que se ha solicitado al Gobierno presentar un recurso de inconstitucionalidad, genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.
Las organizaciones que han presentado este recurso, anunciado el pasado mes de julio, reiteran la necesidad de detener esta norma, de carácter recaudatorio que afecta muy negativamente a un sector motor de la economía española y primer sector industrial del país.
