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Las empresas de restauración colectiva prestan un servicio cada vez más exigente con contratos públicos que no pueden actualizarse. Food Service España pide que su precio evolucione, al menos, con el IPC.

Cada día, las empresas que forman parte de Food Service España sirven más de cuatro millones de menús en colegios, hospitales, residencias y centros de trabajo. Detrás de cada uno de ellos hay alguien que depende de nosotros para una parte fundamental de su alimentación: un alumno, un paciente que se recupera o una persona mayor en su residencia.

Buena parte de ese servicio se presta mediante contratos públicos. Y ahí está uno de los problemas más serios del sector: la mayoría se firma con un precio cerrado durante años, sin apenas margen para revisarlo, aunque todo lo que hay detrás de ese precio sí cambie.

Conviene explicar por qué ocurre. Desde 2015, la Ley de Desindexación impide actualizar los precios de los contratos públicos conforme al índice de precios de consumo (IPC). Esta legislación, aprobada en un contexto socioeconómico muy diferente al actual, solo permite revisar los contratos con condiciones y restricciones que, en la práctica, llevan a muchas administraciones a mantenerlos congelados durante toda su vigencia, prórrogas incluidas. La presión se acumula así en las adjudicaciones más largas.

Mientras tanto, los costes han seguido su propio camino. Los alimentos, la energía y el transporte han atravesado varios episodios de fuertes subidas. El salario mínimo interprofesional (SMI), por ejemplo, ha crecido cerca de un 66% desde 2018. Y cuando una materia prima esencial se encarece, como ocurrió con el aceite de girasol, el de oliva o como pasa ahora con los combustibles, nuestras empresas no pueden trasladarlo a un menú cuyo precio se fijó años antes.

Real Decreto 315/2025

A ello se suman las nuevas exigencias. El Real Decreto 315/2025 busca que los niños coman de forma más saludable en el colegio, un objetivo que compartimos plenamente y, es más, perseguíamos antes de la aprobación de esa ley. Pero incorporar alimentos ecológicos, productos integrales o un segundo plato semanal de proteína vegetal obliga a desarrollar recetas, probarlas, formar a los equipos, controlar y seguir lo que realmente se consume, en línea con la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Que la cadena de suministro se haya adaptado no significa que el cambio carezca de coste. Además, el propio decreto establece que su aplicación no puede encarecer el menú para las familias. Compartimos esa protección, pero alguien tiene que financiar las exigencias. Un contrato puede estar perfectamente equilibrado el día que se firma. Pero si los costes cambian y el precio no, se genera un desequilibrio que compromete la viabilidad del servicio a medio plazo.

Las consecuencias no son abstractas. La seguridad alimentaria, la gestión de alergias y dietas especiales o la calidad del producto no se negocian: se cumplen cada día, con o sin margen. Lo que se resiente es la capacidad de seguir avanzando: invertir en cocinas y tecnología, desarrollar nuevas recetas, formar a los equipos o retener a los profesionales que hacen posible el servicio. Y aumenta el riesgo de licitaciones que nadie puede asumir y de empresas que dejan de presentarse, empezando por las más pequeñas. Avanzar en la calidad del servicio cuando los costes suben no debería depender del músculo financiero de cada empresa.

En cualquier caso, el sector cumple y seguirá cumpliendo. Lo hicimos durante la pandemia, siendo una de las industrias más preparadas para afrontarla, en la crisis energética y en los años de inflación. Pero absorber costes de forma indefinida no es un modelo de gestión.

Por eso, desde Food Service España pedimos que los precios de los contratos públicos de larga duración se actualicen, al menos, conforme al IPC. Pedimos también presupuestos de licitación ajustados a las prestaciones que se exigen y mecanismos de revisión que permitan trasladar al contrato los incrementos de costes que no dependen de la empresa, como una subida del SMI o un nuevo requisito normativo. Con ese objetivo nos hemos integrado en la confederación AlianzAS, junto a otros sectores de servicios esenciales que afrontan el mismo problema.

Desde el sector reclamamos que existan mecanismos justos de revisión de precios en concursos públicos de larga duración. El Gobierno ha reconocido que la cuestión le preocupa y la pelota está en el tejado del Ministerio de Hacienda. Entendiendo su cautela a la hora de revisar la Ley de Contratos del Sector Público, pensamos que también es prudente actuar antes de que el problema se traduzca en servicios más difíciles de prestar.

Mario Agudo,

Portavoz de Food Service España

 

 

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