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Conetic lamenta la decisión de aplazar a última hora la entrada en vigor de la Ley del proyecto Verifactu por la incertidumbres e inseguridad jurídica que genera, el problema no es el aplazamiento, sino el momento en el que se toma
La norma afecta a 4 millones de contribuyentes (empresas y autónomos), y ha obligado a los desarrolladores e implantadores del software de facturación (intermediarios obligados por la Ley) a que sus sistemas la cumplan desde el pasado 1 de julio de 2025.
Una parte de las empresas ya han adaptado sus sistemas a Verifactu y con esta decisión que ahora se toma, reclaman al sector del software que aseguremos su continuidad e incluso en algunos casos nos solicitan la reversión al sistema anterior. ¿Quién les va a dar respuesta? Nosotros sólo somos intermediarios obligados por la norma ¿Quién va a asumir los costes asociados a esta decisión?
Hace 4 años desde Conetic reclamamos un proyecto de Estado para desplegar la factura electrónica sustentado en el informe VIDA (las declaraciones del IVA en la era digital) que suponía eliminar los reportes fiscales del IVA al implantar la facturación electrónica con formato estandarizado, a través de una plataforma pública gestionada por la Agencia Tributaria (el ahorro estimado para las empresas europeas de este proceso es de 40.000 millones anuales).
Esto se ha convertido ya en una realidad, al aprobarse en febrero de 2025 la directiva VIDA que es obligatoria para los Estados de la Unión Europea y en España su trasposición ya ha sido aprobada el pasado 25 de noviembre, por lo que es seguro que las empresas deberán adaptar sus procesos de facturación al intercambio electrónico, lo que implicará la supresión del reporte fiscal, tanto el SII como Verifactu.
El sector, necesario intermediario en la aplicación de estas normativas, ha sido excluido de todas las decisiones, desde la solución técnica hasta los plazos requeridos para su puesta en funcionamiento. Desde Conetic hemos solicitado aplazamientos que nunca fueron atendidos y, sin embargo, las empresas de software de facturación (SIF) son la cara visible ante los obligados tributarios.
La transformación digital es esencial y estratégica para nuestro país, los proyectos deben asumirse con una mirada a largo plazo, ser fruto de la reflexión, del debate y el consenso, asumiéndose como proyectos de Estado convergentes con los planteamientos de la Unión Europea. Solo así conseguiremos los efectos beneficiosos de este proceso de cambio que es la digitalización.
Decisiones como las que motivan este comunicado, solo arrojan desconcierto e inseguridad.
